En el marco del día internacional de los derechos humanos, comunidades rurales acompañadas por organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hacemos pública nuestras denuncias ante los impactos negativos del monocultivo de la caña de azúcar en la salud de las personas y el medio ambiente.
Desde hace años, nuestras comunidades han denunciado la prevalencia anormal de enfermedades terminales como la insuficiencia renal crónica que están vinculadas al cultivo de la caña a través del uso indiscriminado de agrotóxicos, la fumigación aérea de madurantes, la quema de las plantaciones de caña previo a su cosecha y las condiciones laborales precarias de los trabajadores de la industria a las cuales son sometidos.
Según estadísticas del Ministerio de Salud en El Salvador (MINSAL), 9,908 personas murieron entre 2009 y 2018 a causa de la Enfermedad Renal Crónica. Esa figura representaba en 2016, la 3ra causa de mortalidad general del país; la 1ra causa de mortalidad entre los hombres y la 5ta causa de la mortalidad hospitalaria en las mujeres.
En la mayoría de los casos, las muertes por Insuficiencia Renal Crónica están estrechamente ligados al trabajo en el sector de la caña de azúcar donde los trabajadores no son provistos de equipo de protección adecuado para sus labores. Datos del MINSAL también aseguran que la mayoría de los pacientes diagnosticados están asociados a factores tóxico-ambientales, develando que la emergencia sanitaria que afecta a las comunidades en zonas de cultivo de caña de azúcar es causada por la exposición a pesticidas, fertilizantes, madurantes y otros productos nocivos para la salud.
A pesar de este escenario trágico para las comunidades rurales y para el país, las instituciones estatales encargadas de garantizar los derechos laborales, y los derechos a la salud y a un medio ambiente saludable, no han desarrollado una estrategia coordinada para darle solución a esta emergencia sanitaria. Al contrario, la industria azucarera anuncia para el 2020 un incremento del 6.8 % a sus exportaciones, una producción de 827,066 toneladas de azúcar y un crecimiento del parque cañero que se extiende a 113,669 manzanas en todo el territorio nacional, y que dada la extensión territorial del país, solo tendrían permiso de siembra de 80 mil manzanas, según informo en su momento el ex Ministro de Agricultura.
Este crecimiento de la industria, sumado a las medidas de emergencia sanitaria implementadas por la pandemia COVID-19, ha generado mayor gravedad para las personas que sufren enfermedades renales crónicas, ya que el sistema público hospitalario ha cerrado dos de las tres salas de Nefrología existentes en el Hospital Rosales, lo que pone en riesgo la vida de 2,000 personas inscritas para recibir diálisis y hemodiálisis en dicho hospital.
Es por ello que en el marco del día de los derechos humanos celebrado cada 10 de diciembre resaltamos el incumplimiento de la industria cañera al priorizar por años su crecimiento económico a costa de las violaciones de los derechos humanos de quienes trabajan directamente los cultivos y para aquellas comunidades aledañas a estos terrenos que son afectadas por el riego masivo.
Ante esto las comunidades afectadas junto con organizaciones sociales y ambientales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentes, exigimos:
- Que el gobierno salvadoreño garantice el derecho a la salud a través del Ministerio de Salud y que desarrolle centros de atención especializados de forma gratuita para personas con problemas de insuficiencia renal en todas aquellas zonas donde hay alta concentración de producción de monocultivo de la caña.
- Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen el otorgamiento de concesiones y permisos a personas jurídicas y naturales para la producción de caña asegurando primero los derechos ambientales de la población.
- Que los ingenios azucareros tomen medidas para la producción de la caña de azúcar con prácticas amigables al medio ambiente.
- A las municipalidades elaborar y aplicar ordenanzas relacionadas con el cuido y protección de los recursos naturales con el involucramiento de la población.
- A la Asamblea Legislativa exigimos que agilicen la discusión para la implementación de una Ley de Aguas enfocada en el derecho humano al agua, la administración pública y la prioridad para el consumo humano.
- Que se hagan efectivas las recomendaciones realizadas por la PDDH en el informe de las afectaciones negativas a los derechos humanos por el monocultivo de la caña.
- Hacemos eco a las demandas de la Mesa por la Soberanía Alimentaria y exigimos a la Asamblea Legislativa que comience la discusión inmediata de la LEY DE PROHIBICIÓN DE PULVERIZACIÓN AÉREA CON AGROQUÍMICOS para prevenir los daños ocasionados por la administración indiscriminada de venenos en las zonas rurales del país, siendo esto un paso previo a la prohibición total del uso de agrotóxicos a nivel nacional.
San Salvador, miércoles 9 de diciembre de 2020
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